El país, otrora cuna de la democracia en América Latina, se ha convertido una cantera de violaciones para defenestrar a los opositores del régimen de Nicolás Maduro. Un buen ejemplo de esto es la inhabilitación política del ex gobernador de un estado andino.
Como político venezolano con la mayor sentencia de inhabilitación se autocalificó el ex gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, quien no podrá optar a cargos de elección popular durante siete años y medio de acuerdo a dictamen emitido por la Contraloría General de la República. “Yo soy el político venezolano que está recibiendo la más elevada sentencia de inhabilitación en la historia de esta figura inconstitucional en Venezuela, ni siquiera Leopoldo López”.
El ex mandatario afirmó que la decisión fue promovida por el gobernador José Vielma Mora, en su afán de eliminar del camino político a los dirigentes de la oposición con aspiraciones de elección popular. “Asistimos a otro evento del linchamiento político promovido y organizado por el capitán Vielma Mora, en el paredón rojo de fusilamiento político en que se ha convertido la lucha del activismo y del quehacer político en Venezuela y muy especialmente en nuestro estado Táchira”. El dirigente socialcristiano alegó que el actual mandatario, a través de terceras personas, lo ha exhortado a irse del país, inclusive públicamente le ha garantizado la cárcel “he sido víctima de una guerra sucia de Vielma Mora para asesinarme moralmente”.
La estrategia del gobernante, según Pérez Vivas, es debilitar moralmente a sus adversarios sin importar los medios utilizados, pues estaría ante la presencia de un descontento popular que difícilmente podrá calmar ante las venideras elecciones parlamentarias. No hubo daños al patrimonio público De acuerdo con lo explicado por el ex mandatario, la situación se originó por una auditoria en abril del 2011 en la antigua Oficina Regional de Información y Comunicación, ORIC, donde quedaron plasmados dos elementos.
El primero es que en los expedientes de contratación para propagandas de radio y mensajes publicitarios faltaba una solvencia laboral; el segundo es que una pequeña agencia de publicidad que hacía esos servicios a pequeñas emisoras en los pueblos se había sobrepasado en su capacidad de contratación. Durante el proceso, se pudo demostrar ante la Contraloría General del Estado que las solvencias laborales estaban allí en la ORIC, sólo que no estaban en el expediente el día que los funcionarios visitaron la oficina. Pérez Vivas afirmó que en el propio informe de la contraloría quedó plasmado que no hubo ningún daño al patrimonio público ni contrario a la ética. La contraloría, sólo alegó que hubo una violación a una norma reglamentaria. A los tachirenses recomendó no perder las esperanzas y a participar en las venideras elecciones para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que emprenderá acciones legales para apelar la decisión de inhabilitación política a través de la vía constitucional.
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