El trecho para liberar a los presos, aun con una ley aprobada en el Parlamento, todavía se ve largo. La ley fue enviada a Maduro. Si éste no se pronuncia en los próximos diez días, la Asamblea tiene facultad de promulgar la ley, que entonces queda a merced de la opinión del Tribunal Supremo de Justicia, responsable de verificar su constitucionalidad.
Los venezolanos saben que cuando una ley se promulga no es garantía de que se cumpla, sobre todo si el oficialismo está en contra de ella. Es lo que ocurre con la Ley de Amnistía, aprobada el pasado martes en la Asamblea Nacional, ahora controlada por la oposición, después de un aguerrido debate.
Ahora la Ley será enviada al Ejecutivo: el presidente, Nicolás Maduro, tiene 10 días para revisarla, promulgarla y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial. Pero Maduro, en una cadena nacional que se trasmitió al tiempo que el debate, ya reiteró su opinión: «Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas».
«La verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa», dijo el mandatario, que más que poder de veto puede emitir observaciones para que la Ley sea revisada.
Si Maduro no se pronuncia en los próximos diez días, la Asamblea tiene facultad de promulgar la ley, que entonces queda a merced de la opinión del Tribunal Supremo de Justicia, responsable de verificar su constitucionalidad. Pocos tienen fe de que el TSJ, considerado un aliado del chavismo, le dé vía libre a esta ley, que busca liberar a 115 encarcelados, entre ellos el líder opositor Leopoldo López.
Pero esa es la carta de la oposición. «Si el gobierno la sigue bloqueando, están desconociendo la voluntad del pueblo y se confirman ante el mundo como un régimen autoritario que fracasó y se está desmoronando», le dijo a BBC Mundo Lilian Tintori, esposa de López y activista de derechos humanos.
La Ley de Amnistía fue una de las principales propuestas de campaña de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre, con las que el oficialismo perdió el control del Parlamento por primera vez en 17 años.
Analistas y encuestadores atribuyeron la victoria de la oposición a la crisis económica y el voto castigo de muchos chavistas, más que a una voluntad de liberar a los llamados por la oposición presos políticos.
Unas 70 personas de las que fueron arrestadas en las protestas de febrero de 2014 siguen detenidas.
Aunque un 69% de los venezolanos considera positiva esta ley, según la encuestadora local Datanálisis, de las cuatro leyes presentadas por la oposición esta es la que mayor rechazo recibe: 17%.
Según el Artículo 186 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede dictar o decretar amnistías para olvidar un delito que según la ley se cometió. Eso permite que un procedimiento judicial, sentenciado o en curso, se extinga.
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, expresidentes de un centenar de países y, por supuesto, la oposición venezolana consideran injustas las condenas o imputaciones contra estos 115 presos.
Algunos son comisarios de la policía que jugaron un activo papel en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y supuestamente fueron autores de algunas de las muertes que ocurrieron ese día.
La mayoría son algunos de los casi 4.000 manifestantes que fueron arrestados durante las protestas que convocó Leopoldo López en 2014 para pedir la renuncia de Maduro.
Otros, como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, están acusados de conspiración por sus declaraciones y supuestas alianzas para derrocar e incluso asesinar al presidente Maduro.
Y hay incluso un grupo de tuiteros que por sus mensajes contra el gobierno, considerados parte de una conspiración, están en prisión.
El obstáculo más grande que tiene esta ley –y cualquier otra que apruebe la Asamblea– es la Sala Constitucional del TSJ, que no ha fallado una sentencia contra el gobierno chavista en los últimos 10 años.
Fuente: bbc.com
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