La Casa Blanca publicó detalles de su política sobre las operaciones en zonas hostiles y el detalle de cuándo tomar acción directa o aprobar operativos con drones.
La Casa Blanca dio a conocer una versión de las directrices establecidas por Barack Obama hace tres años sobre el uso de la fuerza letal contra terroristas en el extranjero, en donde expone lo que dice son salvaguardas para minimizar las muertes de civiles y los ataques errantes mientras mantiene la capacidad de actuar rápidamente con drones y otros medios.
La «guía de políticas presidenciales» estipula que Estados Unidos, cuando opera en zonas externas a actividades hostiles, sólo tomará acción directa en las ocasiones en que exista una «casi certeza» de que el objetivo terrorista está presente y que no morirán civiles ni resultarán lesionados.
También se podrá hacer uso de la fuerza letal sólo contra un objetivo real que represente una «continua e inminente amenaza» a los estadounidenses.
Las normas ofrecen más detalle sobre las condiciones de ataques con drones y otras acciones directas que aquellas difundidas por la Casa Blanca en un documento resumido en una ficha técnica en 2013. Sin embargo, Obama y sus asistentes ya habían mencionado el estándar de «casi certeza» en el núcleo del documento, un estándar que no ha acallado las críticas relacionadas con las muertes de civiles por ataques con aviones no tripulados.
Ned Price, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que los estándares «ofrecen protecciones para civiles que exceden los requisitos de la ley de conflicto armado».
«Como ha dicho el presidente, ‘casi certeza’ es el ‘estándar más elevado que podemos fijar'», dijo Price. Washington «toma precauciones viables para minimizar el riesgo de bajas civiles» incluso cuando no opera en condiciones contempladas en las directrices, agregó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), había demandado para que se revelara el contenido de la guía bajo la Ley de Libertad de Información y elogió su difusión. El hecho de que haya sido dado a conocer «informará un debate actual relacionado con la legalidad y sabiduría de las políticas gubernamentales antiterroristas», dijo Jameel Jaffer, subdirector legal de la ACLU.
Sin embargo, Jaffer dijo que aún hay interrogantes sobre los lugares donde se aplica la guía, si Obama ha hecho una excepción a los requisitos bajo situaciones particulares, y sobre cómo los «estándares relativamente rigurosos pueden conciliarse con las versiones de testigos oculares, periodistas e investigadores de derechos humanos, quienes han documentado un gran número de bajas de transeúntes».
En julio, el gobierno admitió que había matado a 116 civiles en ataques antiterroristas en Pakistán, Yemen y otros lugares en donde Estados Unidos no está involucrado activamente en conflictos armados terrestres. Fue el primer cálculo público de su tipo y se dio como respuesta a la presión creciente de que hubiera más información sobre los operativos letales de Washington en el extranjero. Grupos defensores de los derechos humanos y otros activistas rápidamente se quejaron de que el gobierno no declarara todas las bajas civiles.
El informe del director de Inteligencia Nacional, James Clapper, indicaba que Estados Unidos llevó a cabo 473 ataques antiterroristas, incluidos aquellos por drones autónomos, entre enero de 2009 y diciembre de 2015, en los cuales murieron entre 2.372 y 2.581 combatientes.
Fuente: infobae.com
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