El Gobierno del presidente Donald Trump podría elevar esta semana la presión a Venezuela tras el voto de la Constituyente del domingo con sanciones al corazón de la economía caribeña, el petróleo, que supone el 92% de sus exportaciones y de las que casi el 40% tienen como destino Estados Unidos.
«Continuaremos tomando acciones firmes y rápidas contra los arquitectos del autoritarismo en Venezuela, incluidos los que participan en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la defectuosa elección», indicó este domingo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
De momento, el embargo petrolero no está sobre la mesa, pero sí otras acciones más específicas que afectarían a la importación de crudo venezolano, sanciones a ejecutivos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el bloqueo parcial de acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
Los expertos señalan como más probable el primer escenario, mediante la limitación de la compra de petróleo venezolano.
La creciente producción nacional en Estados Unidos, gracias a la expansión en los últimos años del «fracking» o fracturación hidráulica, ha aliviado la tradicional dependencia del crudo venezolano y ha dado más margen de maniobra a Washington en este sentido.
Actualmente, compra cerca de 750.000 barriles diarios de Venezuela, lo que supone alrededor del 8% del total de importaciones y es casi la mitad de lo que hacía una década atrás.
Para el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta una prolongada recesión y una inflación que se prevé supere el 700% este año, supondría un grave quebradero de cabeza, ya que tendría enormes dificultades para compensar esta pérdida de ingresos.
El principal problema para Caracas, que produce unos 2 millones de barriles de petróleo diarios (bpd), es que el casi 40% que va a Estados Unidos es de lo poco rentable y genera las necesarias divisas internacionales para financiar la «revolución bolivariana».
«500.000 bpd van a pérdida en el mercado interno, 500.000-650.000 bpd van a pago de deudas con China, Rusia y socios de las empresas mixtas, y cerca de 100.000 bpd son todavía enviados con subsidios y financiados a Cuba y PetroCaribe», señaló a Efe Francisco Monaldi, profesor de Políticas de Energía de la Universidad Rice de Texas.
Como resultado, Monaldi subrayó que solo «unos 800.000 bpd generan caja, que en su mayoría van al mercado estadounidense», por lo que «aún en el mejor escenario, el flujo de caja se vería dramáticamente afectado» en PDVSA.
Dada la estrecha e histórica relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela, la economía estadounidense también registraría efectos negativos, especialmente en la costa del Golfo del México donde varias refinerías están diseñadas para refinar el característico petróleo ultrapesado venezolano, aunque los efectos serían menos abruptos.
«Estados Unidos puede encontrar fácilmente sustituto para el crudo venezolano pero a más alto costo, de Canadá, México, Colombia y el Golfo Pérsico, por lo que subiría ligeramente la gasolina y caerían los márgenes de los refinadores», explicó Monaldi.
Precisamente, la pasada semana la asociación de Productores Estadounidenses de Combustible y Petroquímicos envió una carta al Gobierno de Trump advirtiendo de las consecuencias y el posible alza de los precios para los consumidores.
En una carta, Chet Thompson, presidente de este grupo, afirmó que las sanciones al sector energético de Venezuela probablemente dañen a los negocios y consumidores estadounidenses, a la vez que fallan a la hora de encarar los muy reales problemas en Venezuela«.
Otra opción son las medidas directas contra ejecutivos de PDVSA, o incluso la prohibición de acceso parcial al sistema financiero estadounidense.
Apuntar al petróleo supondría un salto cualitativo por parte de Washington, que podría dar el golpe de gracia y acercar a PDVSA a «un default (suspensión de pagos) financiero», sostuvo Monaldi.
Fuente: elcomercio.pe
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