De los algo más de 50 millones de habitantes que hacen de los latinos un grupo de población en constante crecimiento en Estados Unidos, 27 millones cumplen los requisitos para votar. Optan entre la política de deportaciones de Clinton y la expulsión masiva de Trump.
La amenaza de Donald Trump contra la inmigración hispana es tan verdadera como sus promesas de construir un muro a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con México y de devolver a su país a los más de 11 millones de latinos ilegales que viven en Estados Unidos. Por mucha dificultad que aparente su ejecución, la radicalidad de un discurso que despierta temor está movilizando a la comunidad para participar en la elección presidencial. Se estima que en noviembre votarán dos millones más de hispanos que en 2012.
Pero la gestión diaria del país a cargo de la Administración, impulsora de deportaciones diarias, condiciona el respaldo masivo de los hispanos a la causa demócrata. Desde que el presidente Obama emprendió su mandato, en enero de 2009, la Oficina de Inmigración y Aduanas ha materializado más de 2,5 millones de deportaciones. Con el consiguiente malestar de muchas asociaciones. Lo que el millonario siembra por un lado, hasta llevar a los sondeos casi un 80% de rechazo hispano, el temor del equipo de Hillary Clinton es que la Administración demócrata lo compense en parte por el otro, hasta limitar la potencial cosecha de votos que le podría facilitar su llegada a la Casa Blanca.
Voto Latino
La comunidad hispana influye de forma creciente, pero no está entre las que más acuden a votar. De los algo más de 50 millones de habitantes que hacen de los latinos un grupo de población en constante crecimiento, sólo 27 millones cumplen los requisitos para votar. De ellos, sólo 11,3 millones ejercieron su derecho en 2012. Ahora, el efecto Trump ha logrado movilizar a un buen número de ellos, alentados por las campañas de múltiples organizaciones, que facilitan los trámites necesarios. En lo que va de año, la Servicios de Inmigración y Ciudadanía han registrado 250.000 nuevos nacionalizados, un 28%. La proyección realizada por Naleo, la más representativa de las asociaciones hispanas, estima que en 2016 acudirán a las urnas algo más de 13 millones de hispanos, cada vez más cerca de la mitad de los potenciales votantes.
Laura Maristany, directora de Asuntos Políticos y Legislativos de la organización, aporta un dato revelador: «Estamos desbordados de gente que llama para preguntar qué tiene que hacer para votar. Estamos gestionando un 300 por cien más que el año pasado; hemos pasado de 50.000 a 200.000 llamadas». Naleo es apolítica, y «cuenta en su junta directiva con demócratas y republicanos», precisa Maristany para justificar su silencio cuando le preguntamos sobre las propuestas de Trump.
El lastre que supone para los republicanos la agresiva campaña antiinmigración del showman es indiscutible. Su propio partido, empezando por el líder Paul Ryan, quien acaba de dar un apoyo tímido al magnate, teme que el candidato sea incapaz de recuperar el terreno perdido. La portavoz de NILC, una fundación de ayuda al inmigrante, abunda en la idea: «Tenemos la esperanza de que la gente participe y vote contra Trump».
Puede parecer que la segura candidata demócrata, Hillary Clinton, tiene garantizado un apoyo masivo en las urnas. Sin embargo, la inquietud procede de la Administración del mismo color, que con Obama ha batido todos los récords en número de deportaciones. Su primer cuatrienio fue el más agresivo, con una media anual de 400.000 deportaciones. El presidente jugó la baza de la firmeza legal con los casos inmigrantes de menor arraigo o con problemas con la Justicia, mientras intentaba sacar adelante la conocida reforma migratoria, hoy pendiente de la Corte Suprema, que pretendía regularizar a los 11 millones de ilegales que entonces vivían en el país.
El malestar entre las familias y de las asociaciones hispanas se ha recrudecido este año. Las redadas para detener y después deportar a inmigrantes hispanos se han disparado este año, lo que preocupa a la candidata demócrata, volcada en campaña con la minoría hispana. La exsecretaria de Estado coincide con Sanders en condenar «el sufrimiento y el miedo» de muchas familias afectadas. Otra cosa es que su compromiso sea algo más difuso que el que utilizó Obama para ganarse a una comunidad hispana ahora decepcionada.
La Administración se remite al cumplimiento de la legalidad: «Esta Administración es seria con el cumplimiento de la legalidad», proclama el Josh Earnest, secretario de prensa del presidente. Jennifer Elzea, del Departamento de Seguridad Nacional, va más allá: «Cumplir la ley es nuestra prioridad».
Para muchos abogados de deportados, la Administración interpreta la legalidad equivocadamente en muchos casos. Las asociaciones de hispanos denuncian la «muerte segura» de los deportados, muchas veces niños, que son devueltos a zonas de bandas de delincuentes de las que habían huido.
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Fuente: abc.es
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