Organizaciones calculan que en América Latina hay entre 50 y 85 millones de personas con algún grado de discapacidad.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad afirman que todos hemos tenido o tendremos alguna discapacidad en algún momento de nuestras vidas.
Esta visión es fundamental a la hora de fomentar los derechos de personas que por distintas razones no pueden interactuar con el entorno de la misma manera que lo hacemos otros. Por ejemplo, la rampa para la silla de ruedas en una acera, es útil también para el anciano aquejado por la artritis y para la madre que empuja un cochecito de bebé.
Esta facilidad de acceso debería existir también en áreas como el empleo, la educación y la participación política, entre otras, según defiende la Organización de Naciones Unidas, que este año dedica el Día Internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre) a la inclusión.
La inclusión de las personas con discapacidad no es únicamente una cuestión de derechos, sino que también se toma en cuenta cada vez más en el diseño de estrategias para combatir la pobreza, especialmente en los países en desarrollo.
“Tienen más probabilidades de experimentar situaciones socioeconómicas adversas, tales como menor nivel de educación, peores condiciones de salud, alto desempleo y tasas más elevadas de pobreza”, señala el Informe Mundial sobre la discapacidad, publicado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud.
Estas organizaciones calculan que son cerca de mil millones de personas en todo el mundo las que están en riesgo de pobreza, precisamente, por algún tipo de discapacidad. Adicionalmente, las tasas de discapacidad son más altas entre los más pobres que entre el resto de la población, según cálculos del Banco Mundial.
En América Latina, los métodos de recolección de datos y las definiciones de lo que implica tener una discapacidad varían entre los distintos países. De todas maneras, los diferentes organismos encargados del tema calculan que en la región puede haber entre 50 y 85 millones de personas con algún grado de discapacidad.
Mayor conciencia y leyes en sintonía
Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad evalúan muy positivamente la Convención de Naciones Unidas sobre este tema, que fue aprobada en 2006 y que ha sido ratificada después por varios países.
A medida que fueron ratificando la Convención, estos países fueron elaborando leyes específicas sobre el tema. El desafío, sin embargo, especialmente en América Latina, sigue siendo la implementación.
“No es suficiente con que una empresa contrate a una persona ciega y la tenga en una mesa de la oficina sin hacer nada, solo para cumplir con la ley», afirma Luis Vicente González, un profesor de secundaria ciego de la ciudad de Loja, en Ecuador, y defensor de los derechos de las personas con discapacidad visual en ese país.
La ley ecuatoriana, por ejemplo, establece que el 4% de los empleados públicos y privados deben ser personas con discapacidad, algo relativamente sencillo de poner en práctica en empresas grandes, organismos del Estado y las ciudades, pero que plantea otros desafíos en empresas pequeñas o en las zonas rurales.
Para lograr el objetivo de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, la Organización de Naciones Unidas tiene tres prioridades:
- Hacer que las ciudades sean inclusivas y accesibles para todos
- Mejorar los datos y las estadísticas sobre personas con discapacidad
- Incluir en la sociedad y el desarrollo a las personas con discapacidades invisibles
Se calcula que para 2050, el 66% de los seres humanos viviremos en ciudades, lo cual requiere que el crecimiento de los centros urbanos tome en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en los planes de urbanización.
El Banco Mundial y otras organizaciones de desarrollo ya están incorporando el tema de la discapacidad en sus proyectos relacionados con salud, educación, protección social, fragilidad, conflicto y violencia.
Fuente: elpais.com
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