En México existen tres estados como Sonora, Campeche y Baja California que otorgan indulto al abusador si contrae matrimonio con la víctima.
En México, el sexo con un adolescente se castiga con cárcel, ya sea forzado o consentido bajo engaños. Si el adulto es una figura de autoridad gubernamental, escolar o religiosa, la pena es mayor. Pero hay una excepción: en tres entidades del país, el adulto queda exonerado si se casa con el menor. Los expertos califican esta regla como retrógrada y violatoria de los derechos de los niños, además de que contraviene varios mecanismos internacionales que México ha firmado y está obligado a cumplir.
Los Estados de Sonora, Campeche y Baja California contemplan en sus códigos penales sanciones de entre tres meses y seis años de prisión a quien “realice cópula” con una persona mayor de 14 años y menor de 18, pero los tres otorgan el indulto al abusador si contrae matrimonio con el adolescente. En los norteños Sonora y Baja California, además, los adolescentes varones y las víctimas de explotación sexual quedan desprotegidas, pues el delito de estupro (sexo con adolescentes) está tipificado como la cópula con “una mujer” menor de 18 años, “casta y honesta” o “que vive honestamente”.
México y casos de violaciones
“El estupro es una forma tramposa para no reconocerlo como abuso, es un eufemismo. Es una puerta de salida rápida, porque quien tiene que demostrar que no fue con consentimiento es la víctima. Lo que tenemos son violaciones encubiertas que terminan en casos de trata [de personas], el perpetrador se casa y así se encubre la explotación con el matrimonio”, señala Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
El origen del estupro y de la cláusula de matrimonio es “la cultura patriarcal que arrastramos desde hace muchos años”, con una ley violenta que busca mantener un status quo más que proteger al menor, considera Patricia González, investigadora de la Universidad Nacional. La voluntad de los menores en estos casos está quebrantada necesariamente, indica la abogada, porque al tener menos edad es vulnerable ante quien tiene más experiencia.
“Como jueza, la mayoría de los casos que llevé acabaron en divorcio casi inmediato; vivían con la víctima un mes y luego desaparecían, las abandonaban”, refiere la también exfiscal de Chihuahua, entidad conocida por su alto número de feminicidios. El indulto se otorga como una forma de compensación a la víctima en lugares donde su honor se pondera sobre sus derechos, la familia cree que su hija fue “mancillada” y que el matrimonio repara esa falta, explica la especialista.
Aun cuando el o la adolescente declare que su relación con el adulto fue voluntaria, sigue siendo un abuso porque el mayor está en una posición de poder, especifican los expertos. La ley federal considera el estupro como la “cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaños”, lo que implica que en un juicio tendría que demostrarse el engaño. Los activistas dicen que el sexo con menores debe tipificarse como abuso sexual, desaparecer la figura de estupro y prohibir del todo el matrimonio con niños y adolescentes.
“La evidencia muestra que en términos psicológicos un adolescente no tiene tantos elementos [para decidir]. Si se casa antes de la mayoría de edad está en desventaja porque esto limita su desarrollo biológico y psicológico”, advierte Juan Martín Pérez. El director de Redim dice que siete de cada 10 niñas de entre 15 y 17 años que están casadas lo hicieron con hombres que las superan por 10 años o más, situación permitida por una “ley machista” que perpetúa relaciones de abuso o violencia sexual.
Además, seis Estados castigan el sexo con menores de 16 años y no 18: para Coahuila, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Aguascalientes, es legal copular con una persona de 17. En contraste, Nuevo León no considera estupro una relación producto de “un acto ilegal de transacción comercial”, es decir, explotación sexual; y Tlaxcala lo considera como una modalidad de violación. Los expertos advierten que todo el país debe tener un código homologado para evitar huecos legales y que el Gobierno federal debe cumplir y hacer cumplir los estándares internacionales a los que se ha suscrito.
Fuente: elpais.com
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