En la madrugada del 15 de enero de 2018, en las afueras de Caracas (capital de Venezuela) se dio el tristemente célebre episodio que la historia conocerá como La Masacre de El Junquito; ejecución extrajudicial de los integrantes del Movimiento Equilibrio Nacional (ex –funcionarios policiales y militares alzados en armas contra el gobierno de Nicolás Maduro) y civiles que les acompañaban, a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en conjunto con paramilitares del colectivo Las Tres Raíces (uno de los tantos grupos de choque al servicio del gobierno venezolano, concebido para administrar la violencia sin incurrir en costos políticos o, por lo menos, eso parece creer el establishment).
Las víctimas: Óscar Alberto Pérez, funcionario sublevado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), y líder del movimiento, Abraham Lugo Ramos y Jairo Lugo Ramos, ambos funcionarios sublevados de la GNB, José Alejandro Díaz Pimentel, funcionario sublevado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Abraham Israel Agostini (vendedor informal), Lisbeth Andreina Ramírez Montilla (enfermera – pareja de Abraham Lugo Ramos) y Daniel Soto Torres (periodista), no imaginaban que, en horas de la madrugada, más de un centenar de funcionarios y mercenarios apertrechados con armas de guerra, los rodearían y bombardearían hasta su reducción, para luego ajusticiarlos, uno por uno, con tiros de gracia en la cabeza; tal como se desprende de las actas de defunción a las cuales tuvo acceso la corresponsal de CNN en español en Caracas Osmary Hernández. El dantesco procedimiento de cinco horas se ejecutó sin tomar en cuenta las públicas manifestaciones de rendición por parte del líder de los insurgentes, a través de las redes sociales, cuyas solicitudes de un fiscal del Ministerio Público y la presencia de los medios de comunicación fueron desestimadas por el Mayor de la GNB Rafael Enrique Bastardo Mendoza a cargo de la “Operación Gedeón”, procedimiento para neutralizar a los rebeldes.
Las prácticas previstas, en el marco del Derecho Internacional, sobre el tratamiento que ha de dispensar el Estado a los combatientes rendidos fueron totalmente ignoradas a la hora de cometer el acto de lesa humanidad por el cual el prestigioso diario alemán Spiegel Daily calificaría al Presidente Nicolás Maduro como “El Carnicero”. En un evento en el que, bajo sospechosas circunstancias, también fallecieron los funcionarios activos Héiker Vásquez (colectivo de «Las Tres Raíces» de la Parroquia 23 de enero) y, presuntamente, funcionario de las Fuerzas de Acción Especial (FAES), tal como Andreu Garate y Roger González, la acostumbrada opacidad de los procedimientos oficiales en Venezuela arroja una sombra de duda con respecto a la causa de estas bajas.
El reconocido periodista e investigador venezolano Iván Monasterios, en su columna Plomo Parejo, sugiere que éstas muertes son atribuibles a los mismos oficiales que cercaron a Pérez y su grupo, en tanto que el policía rebelde y su equipo habían manifestado su rendición desde muy temprano. En tal sentido, el asesinato de los funcionarios activos resultaba necesario para justificar la masacre de los sublevados.
No imaginaba, Pérez, en sus desesperadas transmisiones online que le haría más daño al gobierno muerto que vivo. Su ya histórico registro comienza a ser considerado como una prueba contundente a ser interpuesta ante el Tribunal Penal Internacional, en detrimento del presidente venezolano.
Si alguien dudaba de la aplicación del Manual Castro-comunista, al pie de la letra, por los líderes de la Revolución Bolivariana durante los últimos 20 años, este oprobioso caso pudiera convencerle. Tal como el sexagenario régimen cubano, su par venezolano no duda en calificar a toda disidencia como terrorista al servicio de la CIA y utilizar la fuerza bruta sin el más mínimo reparo en las consecuencias. Las desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y proscripción de la oposición política, en Venezuela, parecen calcadas de las prácticas del Buró Político del Partido Comunista Cubano y los Comités de Defensa de la Revolución. El estado de derecho es una ficción en ambos contextos. Las leyes, normas y procedimientos sólo aplican en tanto favorecen al gobierno.
Pero más allá de las claras implicaciones jurídicas que, indefectiblemente, apuntan hacia una responsabilidad penal del Estado venezolano en la Masacre de El Junquito, las consecuencias políticas inmediatas se han hecho sentir ocho días después de aquel aberrante episodio. La encarnizada brutalidad de tal evento parece haber despertado la conciencia de la Comunidad Internacional sobre la naturaleza fascista del gobierno venezolano. Ello, lógicamente, ha exacerbado, en los líderes de la Revolución Bolivariana, sobrados temores de una intervención extranjera; ante lo cual se impone la necesidad de relegitimar, si tal figura cabe, al Chavismo en el poder.
El pasado 23 de enero, irónicamente en el marco de 60mo aniversario de la caída de Marcos Pérez-Jiménez (el último dictador venezolano), Maduro vislumbraba la perpetuación de su propia dictadura, en una arenga en la Plaza O’Leary de Caracas, tras la publicación de un decreto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que exige al Consejo Nacional Electoral adelantar las elecciones presidenciales, originalmente previstas para diciembre de 2018, al primer cuatrimestre del año: «Yo soy un humilde trabajador, hombre del pueblo, si el Partido Socialista, si las fuerzas de Gran Polo Patriótico, si la clase obrera, mujeres, la juventud, creen que yo debo ser el candidato presidencial de la Patria, yo estoy a la orden» declaraba el mandatario venezolano.
Otra ironía apreciable es que nadie resulta más efectivo que Maduro cuando se trata de perjudicar los intereses del Chavismo en el poder. Al desastroso manejo del caso Oscar Pérez le siguió otro desmán: huir hacia adelante con el prospecto de un proceso electoral presidencial express en menos de tres meses y la consecuente cancelación de la mesa de diálogos gobierno-oposición en República Dominicana. Con su declaración, Maduro agotó el mínimo de capital político con que contaba tras la amenaza de “la opción militar en contra de Venezuela” por parte de Donald Trump que, como se recordará, lo puso de manera muy conveniente en plan de “víctima del imperialismo”, en agosto de 2017, oxigenando así a la administración de Caracas. No pocos fueron los gobiernos latinoamericanos que alzaron su voz en contra de la ciertamente torpe declaración del presidente estadounidense pero que, en definitiva, vino a traer agua al molino socialista.
Con las contundentes declaraciones del Grupo de Lima, del Departamento de Estado de EEUU y del Secretario General de la OEA, condenando la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la comunidad internacional parece dar muestras de una largamente esperada comprensión de la realidad venezolana: no hay salida electoral posible bajo las actuales condiciones (árbitro parcializado a favor del gobierno, secuestro de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia de mayoría chavista, entronización de la ilegítima ANC como un poder supraconstitucional, prohibición de participación a los principales partidos políticos de oposición en elecciones, gran número de presos políticos a quiénes se les ha violentado sistemáticamente el debido proceso y una larga lista de prácticas y condiciones anti-democráticas)
Paradójicamente, la oposición venezolana, como es costumbre, no ha sabido (o no ha estado interesada en capitalizar) los traspiés del gobierno. Las palabras del Alcalde Metropolitano de Caracas, en el exilio, Antonio Ledezma, en el marco de la III Reunión de Cancilleres del Grupo de Lima celebrada en Santiago de Chile, el 24 de enero, ilustran muy bien esta premisa: “Es insólito que la comunidad internacional esté clara sobre el fraude en puerta en Venezuela y la oposición titubee”
Así las cosas, ¿qué hacer? Sólo un incauto o un colaboracionista pudiera esgrimir la tesis de una salida electoral a la tiranía de Maduro, habida cuenta del descarado Fascismo imperante en Venezuela con el implícito y harto conocido secuestro de las instituciones. ¿Sería, entonces, viable la tesis del prestigioso profesor venezolano Ricardo Hausmann? El catedrático sugiere la intervención humanitaria por la vía de la declaración de un nuevo gobierno nombrado por la legítima Asamblea Nacional, el cual, a su vez, solicite (con apego al Derecho Internacional) una incursión militar por parte de una coalición de países amigos que deponga al régimen chavista. ¿Será esa la solución o será peor la cura que la enfermedad?
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