Se estima que más de un centenar de personas vinculadas al chavismo están residiendo en Miami. Están llegando desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Principalmente son banqueros, hombres de negocios y oficiales del Gobierno, que a menudo utilizan testaferros para sus inversiones.
Las élites de Venezuela que hicieron fortuna bajo el manto del chavismo, los denominados boliburgueses, han encontrado en Miami un refugio para proteger su dinero. No se sabe con precisión cuántos ni quiénes son, pero sí que algunos están haciendo importantes inversiones en esta ciudad a la que, en la última década, han llegado miles de venezolanos huyendo de la inseguridad y las carencias que sufre el país. Los representantes del exilio y de la oposición se han movilizado para localizarlos y denunciarlos ante las autoridades de Estados Unidos.
“Miami se está llenando de chavistas. Se están viniendo cuando el país está en la debacle y pretenden convivir con sus víctimas”, asegura José Colina, máximo dirigente de la organización “Venezolanos perseguidos políticos en el exilio” (Veppex). Colina, un exmilitar que fue acusado de colocar una bomba contra la embajada española en Caracas en 2002, sostiene que entre 150 y 200 simpatizantes del chavismo se han asentado en los últimos meses en Miami, una ciudad en la que es fácil invertir y pasar desapercibido.
Salir del anonimato fue precisamente el error que cometió la exdiputada chavista Iroshima Bravo, que hace poco más de un mes inauguró un centro de belleza en Miami junto a otras socias. El exilio venezolano la identificó en las fotos del evento e hizo una campaña de protestas contra el establecimiento, que a los pocos días cerró. El centro lo abrió, además, en Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade que se ha convertido en el corazón del exilio venezolano. “Es una afrenta porque se trata de una diputada que defendió la revolución”, afirma Colina, que promovió las protestas contra Bravo.
Este caso ha llegado ya a manos de la fiscalía de Estados Unidos tras la denuncia que ha presentado Ernesto Ackerman, presidente de la organización “Ciudadanos Venezolano-americanos independientes” y líder del grupo latino del Partido Republicano en el condado de Miami-Dade. “En Estados Unidos se aplica la ley y queremos que se aclare de dónde vienen los fondos de sus inversiones y qué tipo de visa tiene para entrar en Estados Unidos”, afirma Ackerman.
Esta organización está acumulando información de otras personas vinculadas al chavismo que se han mudado a Miami para denunciarlas ante la justicia estadounidense. “De boca para afuera, atacan a Estados Unidos y dicen que esto es el imperio, pero ya tenemos al menos el caso de dos personas que han comprado casas que han costado varios millones de dólares”, asegura Ackerman.
Colina sostiene que los “boliburgueses” están obteniendo la residencia en Estados Unidos con la visa de inversor y que para ello están adquiriendo discotecas, restaurantes o viviendas de lujo. “Por 500.000 dólares están comprando la residencia. Es dinero de la corrupción y Estados Unidos no puede ser santuario de corruptos”, sostiene Colina.
El aterrizaje de personas vinculadas al chavismo a EE UU se está produciendo pese a que la Administración de Barack Obama endureció el año pasado su posición ante el Gobierno de Maduro. En virtud de una norma aprobada en diciembre de 2014 (ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela), Obama bloqueó en marzo del año pasado la entrada en EE UU de siete funcionarios venezolanos y ordenó la congelación de los activos que pudieran tener en territorio estadounidense. El Gobierno americano está al día de la movilización del exilio, pero su margen de actuación está limitado a las previsiones de esta ley, que fue impulsada por Marco Rubio, el senador de Florida que aspiró a la nominación presidencial por el Partido Republicano.
El principal problema de los exiliados es descubrir, entre los miles de venezolanos que han llegado en los últimos años a Estados Unidos, quiénes han sido piezas claves del chavismo. En 2000, la oficina del censo de EE UU tenía registrados 90.000 venezolanos como residentes en el país. 10 años después, esta cifra se había disparado hasta 215.000, pero la realidad es que hay muchos más y muchos de ellos en situación irregular.
Fuente: elpais.com
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