Los legisladores de Florida han movido ficha, como reclamaba una opinión pública conmocionada por la reciente matanza en el instituto de Parkland. La sacudida ha desembocado en las primeras medidas de restricción de armas de fuego en el estado en 22 años, que elevan la edad de compra desde los 18 a los 21 y obligan a los vendedores a tres días de demora para cerrar la operación, a fin de revisar el historial del aspirante. No se prohíbe la venta de rifles semiautomáticos, como el que utilizó Nikolas Cruz para sembrar el centro de 17 cadáveres, pese a la presión de los alumnos y padres. Aunque la polémica de la nueva ley se centra en el plan para armar a profesores y empleados de los colegios, un extremo que ha llevado al gobernador, Rick Scott, a plantearse el veto de la norma, pese a que ha salido adelante gracias a la mayoría republicana.
El representante del estado se opone a que los educadores de los centros puedan portar armas de fuego, lo que choca con el Programa de Formación en Seguridad Aaron Feis previsto en la ley, llamado así en recuerdo del maestro que murió intentando proteger a sus alumnos. Pese a que la tramitación legal ha limitado el número y el perfil de aquellos que recibirían permiso, dejando fuera a quienes «tienen como únicos deberes los derivados de su labor de profesores», la inclusión de educadores con responsabilidades añadidas, como las actividades extraescolares, choca con la opinión de Scott.
El gobernador es partidario de que únicamente algunos empleados no relacionados con la labor docente, y de manera muy limitada, puedan portar armas dentro de los institutos. Tras las sesiones parlamentarias, el máximo portavoz del estado advirtió: «Voy a darme tiempo para leer la ley, pero no creo que se deba armar a ningún profesor».
La iniciativa de las cámaras legislativas de Florida se adelanta a la que negocian republicanos y demócratas en el Congreso. Aunque las medidas coinciden esencialmente con las que planteó Donald Trump, es previsible que las modificaciones legales que se aprueben para el ámbito federal se queden mucho más cortas, dado el distanciamiento de la mayoría republicana y de los intereses de la Asociación Nacional del Rifle con respecto a la opinión del presidente. Los portavoces conservadores ya han advertido de que la principal reforma para la que habría consenso consistiría en una revisión más estricta de los historiales penales y mentales de los compradores de armas.
Para ello, un grupo formado por ambos partidos trabaja conjuntamente para alcanzar un consenso. A ella podría incorporarse la prohibición de los llamados «bump stock», dispositivos de repetición que convierten los rifles semiautomáticos en automáticos, como el que fue utilizado en la matanza de Las Vegas, el pasado octubre. Una limitación que la ley de Florida también ha terminado incorporando. Sin embargo, hay mucho más escepticismo sobre una ley federal que eleve la edad mínima para compra de armas, un cambio al que la ANR, el poderoso lobby de las armas, se opone de manera expresa.
FUENTE: abc.es
Foto: publimetro.cl
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