La entrada al Tribunal Supremo de Estados Unidos estaba este martes partida por la mitad. A los pies de la imponente escalinata, en el lado izquierdo, un grupo eminentemente religioso defendía a un pastelero de Colorado, llamado Jack Philips, que hace cinco años rechazó elaborar una torta nupcial para una pareja gay alegando sus ideas religiosas. A la derecha, otros activistas arropaban a los dos jóvenes que fueron rechazados como clientes por ser homosexuales. Dentro, las partes presentaban los argumentos del que va a ser el caso del año, un punto de inflexión en los derechos civiles de los homosexuales, y la división se calcaba: los jueces conservadores se mostraban compresivos con el empresario y los progresistas alertaban del grave precedente que sentaría aprobar ese comportamiento.
Los hechos se remontan al 19 de julio de 2012, cuando Charlie Craig y David Mullins entraron a la pastelería Masterpiece Cakeshop de Lakewood, en Colorado, y quisieron encargar una tarta nupcial para celebrar su boda. El dueño se negó arguyendo que eso violentaba sus creencias. La justicia del Estado lo condenó por discriminación, pero Philips consiguió llevar el caso hasta el Supremo, que en la sesión de este martes abordó dónde acaba la libertad religiosa y empieza la homofobia, si un pastel equivale a arte y si el mensaje cambia en función de la orientación sexual del cliente que la sirve en su boda.
La abogada de Philips, Kristen Waggoner, defendió que el pastel es una pieza artística y, por tanto, apelando a la libertad de expresión consagrada por la Constitución, ninguna ley ni autoridad puede forzar al artesano a realizar una obra contraria a sus creencias religiosas. Los jueces progresistas le lanzaron entonces varias preguntas. Elena Kagan le planteó si, partiendo de su punto de vista, también los peluqueros o los maquilladores podrían rechazar a parejas gais, pero Waggoner sostuvo que ellos no hacen arte y su cliente, el pastelero, sí. Stephen Breyer le planteó si esa protección a la libertad de expresión es aplicable cuando el pastel que le pedía no contenía ningún mensaje de apoyo a la homosexualidad. También le plantearon si lo mismo es aplicable a la raza y ella lo negó.
El pastelero considera que obligarle a elaborar una tarta para homosexuales es forzarle a usar su arte para celebrar algo que violenta su fe, de la misma manera que tampoco haría dulces con lemas ateístas. El problema es que su rechazo al pedido de Graig y Mullins no tiene que ver con el producto en sí, que es el mismo Jack Philips oferta en su establecimiento a todo el mundo, sino con la identidad sexual del que la compra. El razonamiento abre la puerta a que el chef de un restaurante, por ejemplo, rechace servir a una pareja gay que está celebrando su aniversario en un restaurante alegando que lo suyo también es arte.
El Supremo está formado por nueve jueces, cinco nombrados por republicanos y cuatro por demócratas, pero todos los ojos están puestos en el juez Anthony M. Kennedy. Forma parte del primer grupo y es considerado conservador, pero su voto en 2015 hizo posible la legalización del matrimonio igualitario en todo el país. En la presentación de argumentos, envió mensajes en ambos sentidos de la pugna, con lo que es difícil adivinar cuál será su postura final.
Por una parte, preguntó al procurador general Noel Francisco, que actúa de parte de Masterpiece, que si le permitían a Philips no vender su producto a homosexuales, algún día podría poner un cartel en la puerta advirtiendo de que no elabora tartas para parejas del mismo sexo. Cuando Francisco respondió que sí, dijo que se trataba de una afrenta a los homosexuales. Sin embargo, luego criticó dos veces el argumentario que la Comisión de Derechos Civiles de Colorado utilizó en su día para dar la razón a la pareja, ya que uno de sus jueces criticaba que la religión se había usado de excusa en el pasado para justificar la esclavitud o el Holocausto. «¿Podría esa resolución mantenerse si vemos que algunos de sus miembros tomaron su decisión por hostilidad a la religión?», preguntó el juez del Supremo, para recalcar la necesidad de «tolerancia» por parte de aquella Comisión. El fallo del Supremo se hará esperar hasta verano de 2018.
FUENTE: elpais.com
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