La decisión bloquea cualquier esperanza de que el gobierno actual pueda proteger a millones de personas de la deportación antes de entregarle el poder a su sucesor.
La Corte Suprema de Estados Unidos no pudo tomar una decisión definitiva el jueves pasado sobre un caso planteado contra el plan migratorio del presidente Barack Obama, lo que supone un fuerte golpe al programa que el mandatario quería convertir en uno de sus principales legados.
El empate a 4 votos detiene una propuesta del presidente que permitiría que cinco millones de personas que tienen hijos con nacionalidad estadounidense o residencia legal pudieran solicitar su inclusión en un programa que evitaría su deportación y les daría permisos de trabajo. El plan se llama Acción diferida para padres de ciudadanos americanos y residentes legales (DAPA, por su sigla en inglés)
Obama tomó la decisión de impulsarlo tras lo que calificó como años de frustración debido a la actitud de los republicanos en el congreso. Pero una coalición de 26 estados, encabezada por Texas, se opuso rápidamente a los planes del presidente cuando los presentó y acusó a Obama de imponer procedimientos administrativos para cambiar reglas en lo que consideran un abuso del poder ejecutivo sobre el congreso.
“La decisión ratifica lo que hemos dicho desde el principio: una persona no puede cambiar la ley de manera unilateral, ni siquiera un presidente”, dijo Ken Paxton, fiscal general de Texas. “Es un paso atrás para los intentos del presidente Obama de aumentar el poder del ejecutivo y una victoria para quienes creen en la separación de poderes y el estado de derecho”.
Para Obama, la decisión es un paso atrás en su enfoque proactivo de avanzar en temas migratorios y bloquea cualquier esperanza de que su gobierno pueda proteger a millones de personas de la deportación antes de entregarle el poder a su sucesor.
La Casa Blanca argumenta que presidentes de ambos partidos han utilizado el mismo tipo de medidas en lo relativo a la legislación migratoria. También que el congreso le ha dado a la ley federal la capacidad y discrecionalidad suficientes para decidir a que leyes aplicar esa facultad del ejecutivo.
Pero la decisión de la justicia indica que el próximo presidente tendrá que buscar un compromiso en el congreso para revisar la legislación migratoria.
Los activistas no se lo han tomado bien.
“Es personal. Seguiremos en primera línea, comprometidos con la defensa de la iniciativas sobre migración y abonando la senda de una reforma migratoria duradera”, dijo Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva del sindicato Service Employees International Union.
Un juez de distrito detuvo la reforma en 2015. El gobierno apeló y llegó a un tribunal superior. En sus justificaciones los estados reconocieron que el gobierno federal puede aplicar discrecionalidad a la hora de decidir quien puede ser expulsado. Pero no están de acuerdo con dejar una hoja en blanco que permita definir qué constituye presencia legal en el país, algo que permitiría que millones de personas recibieran beneficios sociales.
El argumento contrario es que esa presencia legal es la consecuencia lógica de la decisión de no deportar a alguien. No les da legalidad plena, pero sí dignidad y trato decente. El gobierno argumenta que su propuesta permitiría que muchas personas dejaran la economía informal, algo que reduciría la explotación y la distorsión en el mercado de trabajo.
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