Un dicho colombiano muy popular es “se ganó el pase (licencia) en una rifa” para referirse a los conductores que por ningún motivo deberían estar detrás del volante. Sin embargo, la cruda realidad de esta folclórica frase no es un chiste o por lo menos así lo demuestran las estadísticas consolidadas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el 2017.
En la entrevista publicada por la Revista Semana el sábado pasado, el director Alejandro Maya afirmó que 6.479 personas murieron en accidentes de tránsito en las vías públicas del país durante el año pasado. Según el artículo, esta cifra supera el número de víctimas del conflicto armado en uno de sus peores años.
Frente a las preguntas sobre las causas del alarmante incremento, Maya apuntó a tres factores principales: falta de controles operativos, irrespeto a las reglas de tránsito y proliferación de las motos.
Con respecto al primer factor, el director sostiene que en siete de cada diez municipios en Colombia, los conductores de vehículos y motos hacen lo que quieren ya que no existen agentes de tránsito u oficiales públicos en ejercicio de la ley, que los detenga en flagrancia y les impongan las debidas sanciones.
El segundo factor lo explica como el irrespeto generalizado de las reglas de tránsito, apelando a la facilidad para adquirir una licencia de conducción y a la levedad de las multas.
Y el tercer factor lo atribuye a la falta de regulación y tributación de las motos, lo que ha generado la explosión de este mercado automotor. Mientras en 2006 había dos millones de motos, hoy hay ocho. En lo que va de 2018, el 70% de los registros para vehículos nuevos son para motos.
Teniendo en cuenta las respuestas del director Maya, saqué mis propias conclusiones. Primero, el hecho de que los alcaldes colombianos no tengan la seguridad vial en la lista de prioridades de sus agendas de gobierno va más allá de la “falta” de controles operativos. Esto demuestra negligencia y falta de liderazgo.
La mayoría prepondera el uso del tesoro fiscal para llevar a cabo políticas teóricas en lugar de satisfacer las necesidades básicas reales de sus poblaciones. Al fin y al cabo, ¿qué importa que todos los días muera un peatón, un conductor o un pasajero de un bus, siempre y cuando haya plata para el reinado, la cabalgata y la feria de la fruta o legumbre emblema de la región?
Segundo, los comparendos que se aplican actualmente, no completan la educación del conductor ya que éste puede reducir el 50% del valor por medio de un curso en el que nadie pone atención como si fuera una clase del Profesor Girafales.
Si comparamos con Estados Unidos, los castigos en Colombia son una palmadita en la mano. El departamento de automotores (DMV por sus siglas en inglés) asigna un número de puntos a las infracciones, los cuales son utilizados por las compañías de seguros para determinar las primas anuales de los siguientes tres años.
Ahora, el delito de conducir en estado de embriaguez conocido como DUI, tiene cárcel. Sin importar si el conductor causó o no un accidente, la pena, según los agravantes–heridos y destrucción de propiedad privada–puede ser entre seis meses y tres años, además de la suspención de la licencia hasta por un año.
El DUI es una mancha en el pasado judicial imposible de borrar por siete años. Además de requerir un abogado y póliza de seguro especial, éste se convierte en un impedimento de contratación y causa de despido. Hasta conseguir seguro de salud se convierte en un lío.
Si bien es cierto que en Colombia el gobierno sigue despilfarrando recursos en programas de educación e incentivos para los alcaldes sin endurecer el código de tránsito, hay un factor de gran influencia que el director Maya no menciona: el mal estado de las vías.
La defectuosa red vial es otra hija de la corrupción y una piedra en el camino de todos los colombianos. Aún así, los conductores están malacostumbrados y no hay nada como castigar el bolsillo y una noche en la cárcel para aprender la lección de por vida.
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