Uno de los aspectos de la vida estadounidense que más sorprende a las personas que emigramos a este país–en especial aquellas que venimos de países con historia de conflicto armado–es el fácil acceso a armas de fuego y el derecho constitucional de los ciudadanos para comprarlas y portarlas.
Cuando conocí a mi esposo, su hijo mayor tenía 13 años y éste ya sabía cómo disparar y descargar un revólver. Cuando me enteré de esto quedé desconcertada. Sin embargo, mi esposo me explicó que había llevado a su hijo a un campo de tiro al blanco, más como un mecanismo de supervivencia que como una afición.
Según datos aproximados de 2017, en cuatro de diez hogares estadounidenses (es decir 40%) existe algún tipo de arma de fuego. Por esta razón, mi esposo le dio la instrucción a su hijo, para evitar que se convirtiera en una estadística más y supiera cómo descargar una pistola, rifle o escopeta si algún día se encontraba en presencia de una sin la supervisión de un adulto en casa de sus amigos.
La Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es uno de los puntos que genera pasiones viscerales y divide al país ideológicamente en los bandos pro y contra. Por obvias razones, esta polémica es exacerbada cuando ocurren tragedias como la del pasado domingo en Las Vegas.
Como siempre, los demócratas se desgarran las vestiduras exigiendo nuevas restricciones, mientras que los republicanos se indignan y acusan a los demócratas de oportunistas por utilizar las dolorosas imágenes para generar polémica y movilizar a la población en contra del porte de armas.
Aunque las imágenes apocalípticas de las masacres más recientes–Las Vegas en un concierto de música country, Orlando en una discoteca, y Sandy Hook en una escuelita de educación primaria–revuelcan el alma y producen el repudio inmediato a las armas debido al impacto psicológico que causan, las estadísticas demuestran que la posibilidad de morir por arma de fuego en EEUU está por debajo de las muertes por envenenamiento o sobredosis de drogas y accidentes vehiculares.
Según las cifras más recientes, publicadas por la agencia CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en el reporte National Vital Statistics Report del 30 de junio de 2016, el cual compiló todas las causas de muerte registradas en los Estados Unidos en 2014–de las 2’626.418 muertes totales, 199.756 fueron clasificadas como intencionales.
51.966 fueron causadas por intoxicación (equivalente a 26%), 33.736 por accidentes automovilísticos (16.9%) y 33.594 por arma de fuego (16.8%)–de los cuales los suicidios correspondieron al 63.7% y el homicidio 32.8%. La última causa fue caídas involuntarias que le costaron la vida a 33.018, (16.5%).
Como referencia, el texto de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos traduce: “Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, y el derecho de las personas de tener y portar armas no debe ser restringido“.
Si bien es cierto que los ciudadanos tienen derecho a defenderse y proteger a sus familias y propiedad de la delincuencia común, y que de hecho las estadísticas demuestran que los estados en los que el porte de armas es permitido tienen índices de baja criminalidad, hay una pregunta en el caso de Las Vegas que no tiene una respuesta lógica:
¿Por qué el psicópata que asesinó a 58 personas e hirió a más de 500, pudo adquirir 47 armas de fuego, la mayoría por la vía legal, en cuatro estados diferentes, Nevada, Utah, California y Texas sin levantar la menor sospecha?
La respuesta está en que el negocio de las armas es muy lucrativo e influye todas las esferas de gobierno, sociedad y economía del país. Contrario a lo que uno pensaría después de los sucesos del domingo, el precio de la acción de American Outdoors Brands, AOBC–el nuevo nombre del fabricante de armas Smith & Wesson–subió más de 3% al cierre de la bolsa el lunes, al igual que su competidor Sturm Ruger, RGR.
Los derechos constitucionales de un país deben cobijar a toda su población y por encima de todos, el derecho a la vida debería primar. No obstante, las mentes enfermas son indolentes y el valor de la vida de sus víctimas está medida con una bala.
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