Estados Unidos está a punto de imponer sanciones al ministro de la Defensa de Venezuela y a otros altos funcionarios por violaciones de los derechos humanos, de acuerdo a fuentes que conocen del plan, quienes añadieron que la acción es una de varias consideradas por la administración Trump contra el presidente Nicolás Maduro y su gobierno.
El Tesoro de Estados Unidos podría anunciar las sanciones, que congelarían los bienes y capitales de los funcionarios en el sistema financiero estadounidense. Entre los afectados estarían el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de 54 años, y Diosdado Cabello, de 54 años, un antiguo aliado del fallecido presidente Hugo Chávez y agente de poder dentro del gobernante Partido Socialista, dijeron.
Un alto funcionario de la administración Trump confirmó que Estados Unidos está listo para imponer sanciones contra individuos, aunque el funcionario no identificó los objetivos. Las sanciones podrían llegar en cualquier momento y definitivamente se impondrán si el gobierno de Maduro continúa con un plan para cambiar la Constitución de Venezuela, dijo el funcionario en una conferencia telefónica con los periodistas. El funcionario pidió no ser identificado antes de su anuncio.
El movimiento contra los altos funcionarios -potencialmente la tercera ronda de sanciones contra los venezolanos bajo la administración de Trump- se deriva de una investigación más amplia de Estados Unidos sobre las denuncias de corrupción venezolana que comenzó hace varios años y ha resultado en cargos criminales. Otras medidas relacionadas con Venezuela también están en marcha, agregaron las autoridades; señaló también que funcionarios estadounidenses han dado información sobre las posibles acciones en las últimas semanas a los legisladores, incluyendo al senador Marco Rubio de Florida.
La administración sentó las bases esta semana para nuevas sanciones al gobierno venezolano. El domingo, millones de venezolanos, que luchan contra un colapso económico que es consecuencia de muchos años de corrupción oficial, protestaron contra el plan del gobierno de Maduro de reescribir la Constitución del país para mantener su poder.
El lunes por la noche, la Casa Blanca, dijo que aplicaría «acciones económicas fuertes y rápidas» si el gobierno de Maduro continuaba con su plan constitucional. Pero hay dudas dentro de la Casa Blanca sobre qué medidas adoptar y si esperar para ver cómo se desarrolla el asunto de la convocatoria a una asamblea constituyente, según personas familiarizadas con las discusiones. Entre las medidas que crean divisiones está la de imponer algún tipo de prohibición a las importaciones de petróleo crudo de Venezuela, dijeron.
El debate entre altos funcionarios de la Casa Blanca refleja la fricción por el posible impacto en los precios de la gasolina en Estados Unidos y las preocupaciones por exacerbar el empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela, dijo la fuente. Mientras que el Consejo de Seguridad Nacional considera que el crudo venezolano es un arma poderosa, el Departamento de Estado ha argumentado que cortar una parte importante del comercio exterior del país podría dañar aun más a los venezolanos.
Otros funcionarios han destacado el posible daño económico dentro de los Estados Unidos, incluyendo los mayores precios de la gasolina para los automovilistas. Los refinadores advirtieron que cualquier medida para ahogar a la tercera fuente de importaciones de petróleo de Estados Unidos (después de Canadá y Arabia Saudí) podría afectar a las refinerías del Golfo y de la Costa Este, optimizadas para utilizar crudo venezolano y provocar un aumento en los precios de la gasolina.
Cualquier decisión final sobre limitar los flujos de crudo venezolanos -incluyendo una posible acción multilateral- no es probable antes del 30 de julio, cuando el gobierno venezolano programa elegir una asamblea constituyente, dijo una de las personas. Si Estados Unidos decide bloquear posteriormente las importaciones de crudo venezolano, podría intentar frenar los impactos de los precios liberando el petróleo almacenado en una reserva de emergencia, la Reserva Estratégica de Petróleo.
Sin embargo, esos suministros no serían idóneos para las refinerías que procesan crudo pesado de Venezuela. La idea es vista sólo como una «solución a corto plazo», dijo Joe McMonigle, analista senior de política energética de HedgeEye Research. «Pero creo que la Casa Blanca se da cuenta del gran impacto potencial aquí, por lo que están tratando de encontrar posibles remedios».
Los senadores informados en las últimas semanas sobre las medidas relacionadas con Venezuela incluyen a Marco Rubio, así como a Bob Corker de Tennessee, según dos personas familiarizadas con las discusiones. Los funcionarios presentaron un expediente, de más de 200 páginas, que incluía denuncias de delitos de cuello blanco relacionados con PDVSA, dijeron tres de las personas. Los portavoces de Rubio y Corker no respondieron a las solicitudes de comentarios. Rubio, el 14 de julio, publicó en Twitter que Cabello se sentía «nervioso» en reacción al hecho de que «la evidencia de sus crímenes está creciendo con los días», mientras «las paredes se le están cerrando».
Tomado de: bloomberg.com / Nota de Jose Enrique Arrioja, Ben Bartenstein y Jennifer A Dlouhy
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