Este lunes el Tribunal Supremo dictaminará si la acción del Gobierno de proteger a inmigrantes indocumentados bajo la figuras de DACA y DAPA es legal.
Se da por hecho que la sentencia se dará a conocer este mes, previsiblemente entre el lunes 13, el 20 y 27 de junio. Este lunes es el día fijado para la revisión y resolución del informe por parte del tribunal.
¿Sobre qué decide la Corte Suprema?
Decide sobre la legalidad o no de la acción ejecutiva de Obama, que protegió a dos grupos: los padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes en EE.UU. desde el 1 de enero de 2010 (DAPA), cuyo programa está paralizado, y los jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años (DACA plus).
¿Qué posibles decisiones puede adoptar?
Los expertos apuntan estas posibilidades: que los jueces voten a favor de la Administración Obama y desbloqueen la protección; que fallen a favor de los 26 estados que demandaron a la Administración, comandados por el de Texas, y anule los programas. Estaríamos ante una desprotección ya consolidada y, posiblemente, ante el paso previo a posibles deportaciones; y, por último, que la Corte Suprema aplace el fallo a noviembre. La celebración de la campaña electoral abona esta última tesis, para que no interfiera en la elección presidencial.
¿Qué pasa si en la votación hay empate a cuatro?
Dado que el puesto del fallecido magistrado conservador Antonin Scalia sigue vacante, son ocho los que integran hoy la Corte Suprema, y puede haber empate. En ese caso, prevalecen las decisiones de tribunales anteriores, que fallaron a favor de los estados y en contra de la Administración. Para que los inmigrantes ganen, al menos cinco magistrados deben votar a favor.
En caso de aprobarse los programas, ¿entrarían en vigor inmediatamente?
Es una incógnita. Se espera que el propio tribunal marque las pautas para que los programas se desbloqueen y los inmigrantes puedan acogerse a ellos. Los expertos estiman que habrá unos meses complejos, pero confían en que la Administración Obama agilice el proceso antes de que el presidente concluya su mandato, en el mes de enero.
Una resolución contraria, ¿abriría la puerta a deportaciones masivas?
En principio sí, aunque habría que ver qué resuelve la Corte Suprema al respecto. Dado que hablamos de 5,5 millones de padres y 1,2 millones de «dreamers», la ejecución de expulsiones constituiría un problema, no ya sólo político y social, sino económico. La Administración debería asumir un elevado coste administrativo, de miles de millones de dólares, para hacerlas efectivas.
Fuente: abc.es
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